Las emisiones de gases de invernadero en España (1990-2006) (página 2)

En los dos últimos años se han elaborado y
dictado normas que sin
duda ralentizarán el aumento de las emisiones en los
próximos años, como la Estrategia
Española de Ahorro y
Eficiencia
Energética 2004-2010 y su Plan de Acción
2005-2007 (E4), la elaboración del Plan de Energías
Renovables para el periodo 2005-2010 (PER), dos Planes Nacionales
de Asignaciones (PNA), la Revisión 2005-2011 de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y
Gas 2002-2011,
el Plan Nacional de Reducción de Emisiones y el nuevo
Código
Técnico de la Edificación (CTE). Igualmente, ha
aumentado la conciencia de la
población y las diversas administraciones y
empresas
empiezan a tomar en serio el desafío del cambio
climático.

No obstante, España
sigue siendo uno de los países industrializados donde
más aumentaron las emisiones. Con esta situación,
sigue siendo difícil aunque no imposible cumplir el
Protocolo de
Kioto, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente
y el clima.
Según los escenarios contemplados en los diversos planes
energéticos, elaborados en la actual legislatura,
para el periodo 2008-2012 las emisiones en España
serán superiores en un 52,64% a las del año base.
Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra
será difícil de reducir y España
tendrá que acudir a los mecanismos de flexibilidad
contemplados en el Protocolo de Kioto en una proporción
mayor de la deseable.

Los dos Planes Nacionales de Asignación de emisiones de
CO2 derivados de la aplicación de la Directiva Europea de
Comercio de
Emisiones, elaborados por el Gobierno
socialista, contemplaban un escenario de crecimiento de las
emisiones del 24% el primero y de un 37%, el segundo, para ese
mismo periodo, es decir, un objetivo
aún muy alejado de las emisiones actuales. Pero estas
cifras no se corresponden con los planes citados y, muy
especialmente, la Estrategia Española de Ahorro y
Eficiencia Energética 2004-2010 y su Plan de Acción
2005-2007, el Plan de Energías Renovables para el
período 2005-2010 y la Revisión 2005-2011 de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas
2002-2011. Esta última, sobre todo, contempla un escenario
de estabilización de las emisiones del 52,64%, es decir en
niveles superiores a los actuales, 48,05%. No se
alcanzarán emisiones inferiores a las de dicho escenario
si no hay las dotaciones presupuestarias adecuadas y no se
reconsidera la política de
transportes y la fiscalidad energética.

La subida de los precios
energéticos en el mercado
internacional en parte ha resuelto la falta de iniciativas
importantes en el terreno de la fiscalidad energética,
pero a costa de un grave deterioro de la balanza
comercial, sin duda uno de los principales problemas de
nuestra economía española, junto a la
dependencia del sector de la construcción, el retraso tecnológico
y la baja competitividad
de la mayoría de los sectores, con notables excepciones,
como las energías renovables (eólica y solar). El
barril de petróleo
tipo Brent tuvo una cotización media de 65,1
dólares en 2006, frente a 54,4 dólares en 2005.

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE
EFECTO
INVERNADERO EN ESPAÑA (1990-2006)

El consumo de
energía primaria en España ha pasado de 91,8 Mtep
(millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 145,13 Mtep en el
año 2006 (un 58% de aumento). En 2006 la dependencia
energética alcanzó el 79%, a pesar de que en la
producción nacional se incluye la energía
nuclear. El grado de dependencia energética fue del
66% en 1990. La Revisión 2005- 2011 de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas
2002-2011, aprobada en abril de 2006, estima que el consumo de
energía primaria será de 164,7 Mtep en el
año 2011, con un crecimiento anual del 2% para el periodo
2000-2011. El consumo de carbón disminuiría de
19,68 Mtep en el año 2006 (13,6% del consumo de
energía primaria) a 13,96 Mtep en 2011 (8,5%); el de
petróleo pasaría de 70,86 Mtep en 2006 (47,9%) a
74,55 Mtep en 2011 (45,3%), el gas natural de
30,04 Mtep (20,7%) a 40,53 Mtep (24,6%), la energía
nuclear se mantendría en términos absolutos (de
15,7 Mtep a 15,1 Mtep) y disminuiría en términos
relativos (del 10,8% en 2006 al 9,2% en 2011), y las
energías renovables deberían alcanzar el 12,5%
previsto en el año 2011, pasando de 9,2 Mtep en 2006
(6,3%), incluida la hidráulica, a 20,55 Mtep en 2011
(12,5%).

Si se cumplen estas previsiones aún no revisadas, que
ya exigen un gran esfuerzo en eficiencia y energías
renovables, las emisiones se mantendrán en los niveles
actuales, sin apenas aumentar, pero tampoco sin disminuir, lo que
haría difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y
obligaría a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de
CO2 equivalente al año y unos 500 millones de toneladas
durante el periodo 2008-2012, cuyo coste, en el mejor de los
casos, ascendería a unos 700 millones de euros anuales y
unos 3.500 millones de euros en el periodo 2008-2012, siempre que
la mayor cantidad corresponda a proyectos del
denominado Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), y asumiendo las mejores circunstancias, no siempre
probables.

En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal vigente desde
la anterior legislatura y aún no revisado, en el mejor de
los casos se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las
emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. El Plan
Nacional de Asignación prevé un 2%, cifra realista
y alcanzable, y que incluso puede superarse, dadas las cifras que
se van conociendo del Tercer Inventario
Forestal Nacional.

Tabla 1. Serie histórica del
consumo de energía primaria en España

Evolución de las emisiones de GEI en España
(1990-2006) y Senda de Cumplimiento del P.K.

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR HABITANTE EN
ESPAÑA (1990-2006)

Tabla 2: España-Emisiones de gases de
invernadero en España en miles de toneladas de CO2
equivalente (1990-2006)

3. EVOLUCIÓN
DE LAS EMISIONES POR GASES

– Emisiones de dióxido de carbono
(CO2)

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en
España disminuyeron un 3,3% en 2006 respecto a 2005, y
entre 1990 y 2006, sin incluir los sumideros, crecieron un
55,91%, pasando de 228,5 millones de toneladas en 1990
(año base) a 356,3 millones de toneladas en 2006 (ver
Tabla 2). En 2006 representaron el 83,1% de las emisiones brutas
de gases de invernadero en España, sin incluir los
sumideros.

– Emisiones de metano
(CH4)

En 1990, año base, se emitieron en España un
total de 27,7 millones de toneladas de metano en unidades de CO2
equivalente, mientras que en 2006 se llegó a 37,2 millones
de toneladas en unidades de CO2 equivalente, con un aumento del
34,1%. El metano representó en 2006 el 8,7% de las
emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en
dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros.
La emisión de metano se debe a la fermentación entérica, la gestión
del estiércol, los vertederos, la minería
del carbón, emisiones fugitivas del petróleo y el
gas natural, y las aguas residuales. Los cultivos de arroz emiten
cantidades muy pequeñas.

– Emisiones de óxido nitroso (N2O)

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España
en 1990, año base, ascendieron a 27,8 millones de
toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron el 6,9%
de las emisiones de gases de invernadero en España en
2006, sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se
debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos
agrícolas. El resto corresponde al sector
energético, la industria
química,
la gestión del estiércol y las aguas residuales el
3,8%.

– Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC)

Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono,
y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire
acondicionado, extintores de incendios y
aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son
potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23,
HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y
HFC-236fa. En 1995, año base a efectos del Protocolo de
Kioto, se emitieron 4.645.440 toneladas de CO2 equivalente,
mientras que en 2006 las emisiones fueron 4.973.630 toneladas de
CO2 equivalente, con una importante reducción a partir de
2001, por la recuperación de HFC en determinados procesos
industriales. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC,
hoy urge suprimir los HFC, productos
fácilmente sustituibles en refrigeración,
extintores y aerosoles. En 2006 representaron el 1,2% de las
emisiones totales brutas de gases de invernadero en España
(sin incluir los sumideros).

– Emisiones de carburos perfluorados (PFC)

La práctica totalidad de las emisiones de carburos
perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los
PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8 y C4F10. En 1995, año
base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se
produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas
de C2F6 (832.510 toneladas de CO2 equivalente). Las emisiones
desde entonces han disminuido, siendo equivalentes a 252.470
toneladas de CO2 equivalente en 2006. En 2006 representaron el
0,06% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en
España.

– Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)

El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos
eléctricos. En1995, año base para el Protocolo de
Kioto, se emitieron 108.340 toneladas de CO2 equivalente, y en
2006 las emisiones aumentaron hasta llegar a 283.540 toneladas de
CO2 equivalente. En 2006 representaron el 0,06% de las emisiones
totales brutas.

4. EMISIONES TOTALES
EN DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EQUIVALENTE EN ESPAÑA

Las tablas 2 y 3 muestran la evolución de las emisiones de gases de
efecto invernadero en España entre 1990 y 2006. Las
emisiones por habitante siguen siendo inferiores en más de
un 10% a la media de la Unión
Europea, y en los últimos años un factor
destacable es el aumento de la población, a causa de la
importante inmigración, algo que no se tuvo en cuenta
cuando se negociaron los compromisos de España en el seno
de la burbuja comunitaria encaminada a cumplir el Protocolo de
Kioto, algo que hace aún más destacable la
reducción experimentada en 2006.

5. EVOLUCIÓN
DE LAS EMISIONES POR SECTORES

Por sectores, las emisiones totales en dióxido de
carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 2006 han
sido las siguientes:

Sector energético. Es el mayor responsable del
conjunto de las emisiones, y el auténtico nudo gordiano,
pues en 2006 representó el 78,5% del total, con un aumento
del 59,7% respecto a 1990. Las mayores emisiones se deben a la
generación de electricidad y al transporte por
carretera. El resto corresponde a las 10 refinerías de
petróleo, consumos energéticos de la industria,
transporte aéreo interior (no incluye el transporte
aéreo con otros países), usos residenciales (6%,
sobre todo calefacción y agua caliente
sanitaria) y servicios
(2,8%).

Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción
de cemento,
industria química y metalúrgica, representaron en
2006 el 7,6%, con un aumento del 23% respecto al año base
de 1990, inferior a la media.

Los disolventes y otros productos sólo
representan el 0,35% del total, y han aumentado en un 6,5%
respecto al año base.

La agricultura y
la ganadería representan el 11% del total
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente,
con un aumento del 13% respecto al año base, muy inferior
al de los otros sectores emisores.

Los residuos representan el 2,9% del total de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un
aumento del 71% respecto al año base. Las emisiones de
metano son las más importantes.

6. EL PROTOCOLO DE
KIOTO

Tras la ratificación de Rusia, el
Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de
2005. En el año 2001 el presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, decidió no ratificar Kioto. Hay que tener
en cuenta que EEUU, con el 4,7% de la población mundial,
es responsable de cerca del 25% de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).

El Protocolo de Kioto permite que los países
industrializados puedan vender y comprar derechos de emisión,
tomando como referencia el año base 1990. En 1990
aún existía la URSS, con unos consumos
energéticos enormes, y unas emisiones igualmente elevadas.
La implosión posterior cambió radicalmente la
situación, y Rusia, Ucrania y el resto de los
países de la antigua URSS, podrán vender "derechos
de emisión" a otros países industrializados que
superen los límites
marcados por el Protocolo de Kioto.

El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con
la adopción
de un acuerdo de reducción de emisiones de gases de
invernadero por los 38 países industrializados. El
compromiso obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases
(CO2, CH4, N2O, carburos perfluorados (PFC), carburos
hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las del
año 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones
diferentes según el país: reducción de un 8%
para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y
un 6% para Japón.
Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen
a mantener sus emisiones de 1990. En el caso de la UE, los
países miembros redistribuyeron su objetivo de
reducción del 8% entre todos ellos, de forma que unos
recomprometían a reducir más allá del 8% y a
otros se les permitía aumentar sus emisiones, aunque con
un tope máximo, como en el caso de España a la que
se le permite aumentarlas hasta un 15%. En conjunto la
reducción global acordada es de un 5,2% para el conjunto
de países industrializados. El Protocolo no obliga en una
primera fase a reducir emisiones a los países en
desarrollo, por aplicación del principio de responsabilidad común pero diferenciada,
dadas sus reducidas emisiones por habitante en relación a
la media mundial que se sitúa en unas 4 Tm de CO2
equivalente por habitante y año. Ahora se está
negociando en el marco de la Convención de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático sobre la continuidad del proceso
después de 2012, en la idea de renovar compromisos
vinculantes de reducción para todos los países
industrializados, incluido Estados Unidos, y compromisos
voluntarios para los países en desarrollo, es especial
para los llamados países emergentes.

7. LAS CONSECUENCIAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático global es uno de los problemas
más graves a los que se enfrenta el mundo, y España
en particular, con sus secuelas de olas de calor, muertes
directas por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias,
incendios
forestales, subida del nivel del mar, sequías y
fenómenos meteorológicos extremos, como la gota
fría y las inundaciones, con graves daños a la
agricultura, los bosques, los ecosistemas
marinos y terrestres, el turismo, los seguros y las
infraestructuras. El cambio climático agrava los procesos
de desertificación y erosión,
la escasez de
recursos
hídricos debida a la deforestación, la sobreexplotación
de acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad
en las zonas húmedas costeras y en los bosques.

La temperatura
media anual ha subido una media de 1,5º C en el periodo
1970-2000 en España, según datos del
Instituto Nacional de Meteorología, y se prevé un
descenso medio de las precipitaciones del 10%, que podría
alcanzar hasta el 40% algunos años), un aumento de la
evapotranspiración, un descenso del 33% de la humedad del
suelo y una
subida del nivel del mar, lo que acarreará graves
trastornos ecológicos, sanitarios, económicos y
sociales. Diversos estudios científicos sobre las
consecuencias del cambio climático han sido difundidos con
ocasión de la presentación del cuarto Informe de
Evaluación del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático, corroborando los efectos adversos de la
alteración del clima, incluidos los efectos adversos para
el área mediterránea y para España.

Tales efectos tendrán costes económicos muy
elevados, algo que conviene recordar cuando se analizan los
posibles costes de cumplir con el Protocolo de Kioto.
Según el Informe Stern, el coste de no actuar
podría alcanzar el 20% del PIB mundial,
lo que supondría una catástrofe económica y
social de dimensiones desconocidas en la era
contemporánea, mientras que con una inversión equivalente al 1% del PIB mundial
para frenar el cambio climático se podría evitar
tal catástrofe.

8. ESPAÑA,
ALEJAMIENTO DE KIOTO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Se afirma, no sin razón, que las emisiones por
habitante en España en 2012 serán inferiores a la
media de la Unión Europea, pero hay que recordar que la
media española es muy superior, más del doble, de
la media mundial. No obstante, en 2006 las emisiones por
habitante fueron de 9,6 toneladas de CO2 equivalente, mientras
que las de la Unión Europea ascendieron a unas 11
toneladas de CO2 equivalente, un 13% superior a la media
española. El importante aumento reciente de la
población española, a causa de la
inmigración, exige un mayor esfuerzo al inicialmente
previsto para cumplir con las obligaciones
en el marco del Protocolo de Kioto y los compromisos con la
Unión Europea.

El aumento de los consumos energéticos y las emisiones
en España es muy superior al del resto de los
países europeos, tanto en números absolutos como
comparativos en relación con el crecimiento
económico. El sistema
energético venía perdiendo eficiencia año
tras año, necesitando más energía y
emisiones de gases de invernadero para producir la misma unidad
de PIB, aunque en los dos últimos años, por primera
vez desde 1990, ha mejorado la eficiencia y ha habido un
importante cambio de tendencia.

Las políticas
europeas se orientan hacia desacoplar el crecimiento de la
actividad económica del consumo de energía, tanto
final como primaria, lo que permite aumentar el PIB y el empleo,
disminuyendo al mismo tiempo el
consumo de energía y las emisiones.

La economía española, hasta los cambios
de 2006, venía registrando los peores índices de
intensidad energética y de emisiones de la Unión
Europea, lo que ha perjudicado la competitividad y agravado el
déficit exterior, a causa de la subida del precio del
petróleo y del gas natural, importados en su
práctica totalidad.

Durante muchos años ha habido una ausencia de
políticas de ahorro, eficiencia energética y
promoción de la movilidad sostenible, y las
políticas existentes han incentivado los consumos
energéticos, con lo que esto tiene de pérdida de
competitividad de la economía española,
situación que empieza parcialmente a subsanarse, y que
habrá que acentuar en el futuro. Es posible invertir la
tendencia y reducir los consumos energéticos y las
emisiones sin dañar el nivel de actividad y la
competitividad, al contrario, el cumplimiento del Protocolo de
Kioto representa una oportunidad de modernización para la
producción industrial y los servicios. Lo sucedió
en 2006 lo ha demostrado. Este debería ser el momento de
inflexión para la inversión de la tendencia.

Dadas las consecuencias del cambio climático en
España (olas de calor que afectan a la salud, inundaciones y
sequías, desaparición de playas, incendios
forestales, daños al turismo, la agricultura, la salud y a
la diversidad biológica) el Gobierno español y
diversos gobiernos autonómicos han iniciado una
política encaminada a frenar las emisiones, minimizar el
impacto del cambio climático en España y jugar un
papel activo dentro de la Unión Europea, aunque dicha
política requiere aún de un completo desarrollo
para corregir la tendencia que se ha mantenido hasta 2005, y
consolidar los avances realizados en 2006.

Con el escenario actual, que en 2006 mejoró
notablemente respecto a años anteriores, España
seguirá sin cumplir el principal protocolo para proteger
el medio ambiente y el
clima. Lo razonable es ahondar las acciones
emprendidas, lo que implica poner los medios, las
políticas y los presupuestos
para cumplir el Protocolo de Kioto, lo que significa promover las
energías renovables, también la eólica
incluida la eólica marina, mejorar la eficiencia
energética y el transporte colectivo. Esa es una
estrategia de ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena en
términos ambientales (menos emisiones),
tecnológicos (innovación), económicos (mayor
competitividad, menor déficit comercial, menos compra de
derechos) y sociales (más empleo).

9. LA ENERGÍA
EÓLICA EN ESPAÑA EVITÓ LA EMISIÓN DE
16 MILLONES DE TONELADAS DE CO2

La generación eólica en 2006 alcanzó la
cifra de 22.814 GWh, lo que supuso el 8% del total de la demanda
(282.582 GWh). La generación eólica ahorró
la importación de combustibles fósiles
por valor de 800
millones de euros durante 2006, y evitó la emisión
de 16 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin la
aportación de la eólica, las emisiones
habrían sido un 3,7% más que las registradas.

Dado que la eólica plantea problemas de garantía
de suministro, los gestores de REE han sido reticentes a su
desarrollo, pero hoy la visión que debe prevalecer es
intentar superar las dificultades de integración de la eólica en el mix
de generación, que las hay, y empezar a desarrollar la
eólica marina, eliminando los numerosos obstáculos
que existen.

Emisiones por sectores en 2006

10. TAREAS
PENDIENTES

En 2006 se han producido avances importantes que en el futuro
permitirán estabilizar y posteriormente reducir las
emisiones, pero es mucho lo que queda por hacer, y sobre todo
queremos señalar la necesidad de mejorar e implicar a
todas las administraciones y agentes sociales, impulsar una
reforma ecológica de la fiscalidad y la adopción de
medidas encaminadas a promover la movilidad sostenible.

El Plan
Estratégico de Infraestructuras de Transportes (PEIT)
contradice los esfuerzos realizados para cumplir el Protocolo de
Kioto por parte del Gobierno socialista. En el 2010 el transporte
supondrá cerca del 40% de las emisiones de CO2. Las
medidas en el sector del transporte en España son
insuficientes, pues la política real sigue siendo la de
favorecer el transporte por carretera de mercancías y de
viajeros y el uso del automóvil y el camión,
mientras se sigue reduciendo los trayectos para el transporte de
mercancías por ferrocarril y el ferrocarril convencional
sufre deficiencias impresentables.

El ferrocarril debería elevar su participación,
hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y
el 25% de viajeros antes del año 2011. Tal
participación puede alcanzarse, pero para ello se requiere
una clara voluntad política, materializada en las inversiones
necesarias para mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la
gestión y los servicios ferroviarios, así como el
acceso económico, con unos preciso que lo incentiven
respecto a la carretera tanto para viajeros como para
mercancías.

El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y
los programas para
emplear gas natural y biocombustibles, reducirán en un
porcentaje pequeño el aumento previsto de las emisiones.
La reducción de los consumos unitarios de los
vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de
utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más
importante es la reorientación hacia los modos más
eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y
los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la
gestión de la demanda y la moderación de la
movilidad.

Una política decidida, clara y bien estructurada, para
reducir la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad, y
para orientar la demanda hacia los modos más eficientes de
transporte, significaría una sensible reducción del
consumo de energía, de la contaminación
atmosférica y del ruido, menor
ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado
en desplazarse, menor número de accidentes,
inversiones más reducidas en la infraestructura viaria y
una mejora general de la habitabilidad de las ciudades.

La política municipal debe ir encaminada a reducir la
demanda, promoviendo la ciudad mediterránea densa,
compacta y con mezcla de actividades, con barrios donde
viviendas, trabajo y
servicios estén próximos en el espacio, aminorando
la segregación espacial y social de las ciudades, y
limitando el crecimiento de las grandesáreas
metropolitanas. El planeamiento
urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la
mezcla de actividades, y no la segregación, y a
posibilitar la movilidad en transporte público, evitando
los crecimientos urbanos y turísticos que consumen gran
cantidad de espacio.

11. UNA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIA LIMPIA MÁS
COMPROMETIDA Y ACORDE CON LA NUEVA SITUACIÓN

La situación en que la que se está discutiendo
la nueva propuesta de Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia Estrategia es diferente
a la anterior tanto por el cambio de percepción
pública sobre el problema del cambio climático y la
urgencia de soluciones,
como por la proximidad del inicio del período de
cumplimiento del Protocolo de Kioto. Ambas circunstancias
aconsejan y hacen posible una estrategia más
comprometida.

Efectivamente, muchas cosas han cambiado en los últimos
meses que han producido un cambio en la percepción
pública del problema del cambio climático y la
necesidad de actuar para limitar el calentamiento
global y sus consecuencias: por un lado, la
publicación del Informe Stern sobre las consecuencias
socioeconómicas del cambio climático y la
presentación en Paris y Bruselas del Cuarto Informe del
IPCC que confirma las tendencias climáticas y su
relación con las emisiones antrópicas de gases de
efecto invernadero, así como sus consecuencias; por otro,
los acuerdos de Montreal y Nairobi para continuar el proceso
más allá de Kioto y el acuerdo de la UE de
reducción unilateral del 20% de sus emisiones para 2020 y
su propuesta multilateral de reducción del 30%.
Además, se constata un cambio del punto de vista de la
sociedad ante
este asunto, cambio que refleja el amplio seguimiento de la
convocatoria de apagón del pasado 1 de febrero, seguido
por un 7% de los hogares españoles que representan algo
más de 3 millones de ciudadanos.

Por otro lado, tal como se advertía al inicio de este
Informe, apenas quedan unos meses para el 1 de enero de 2008
inicio de la cuenta para el primer período de cumplimiento
del PK y sin embargo España se encuentra muy alejada no
solo del tope de emisiones comprometidas, +15% de las emisiones
de 1990, sino también del +37% de emisiones
domésticas contemplado en la senda de cumplimiento
establecida en el Plan Nacional de Asignación (PNA
2008/2012). Aunqu e 2006 ha supuesto una importante
reducción de las emisiones respecto a 2005 y aunque 2007
siguiera la misma evolución, la posición
española está tan alejada que requerirá
importantes medidas adicionales, que no pueden ser sólo
declarativas, sino efectivas. Según reconoce la propia
propuesta de Estrategia, de no aplicarse medidas adicionales a
las previstas, y que incluyen el Plan de Renovables, la E4 sobre
ahorro y eficiencia energética y el nuevo Código
Técnico de la Edificación, las emisiones
alcanzarán más del 52% en 2012. Esto
representaría para España un fracaso sin
paliativos, que le obligaría a comprar cientos de millones
adicionales de toneladas de CO2 en el mercado internacional con
un enorme coste económico. La nueva estrategia debe evitar
este fracaso y garantizar la implementación de las
correspondientes medidas adicionales, algo que no hace la
propuesta presentada.

La actual propuesta de Estrategia tiene la misma deficiencia
que la anterior: la falta de instrumentos concretos, claramente
definidos, con su correspondiente financiación que
permitan garantizar que la aplicación de las medidas
propuestas será realizada conforme a unos objetivos
cuantificados y un calendario establecido. La ausencia de tales
instrumentos y objetivos cuantificados y calendarizados hizo que
las organizaciones
sindicales, junto a otras entidades y representantes
autonómicos, no avalaran finalmente la anterior Estrategia
en el Consejo Nacional del Clima. Por las mismas razones, no
avalarán ésta si no es adecuadamente modificada.
Las propuestas de modificación que han hecho las
organizaciones ambientales y sindicales van en esa dirección, señalando que algunas
propuestas son concretas y bien orientadas, como la
reducción de los consumos energéticos en un 1%
anual, pero es necesario complementarlas con otras muchas.
Éstas son las propuestas de modificación
presentadas por las organizaciones sindicales:

1. Para garantizar el cumplimiento de buena parte de las
medidas contempladas serán necesarios marcos legales
básicos que regulen las obligaciones correspondientes en
los ámbitos público y privado, especialmente en los
sectores donde más han aumentando las emisiones de gases
de efecto invernadero. Este es el caso de los sectores difusos,
que representan más de la mitad de las emisiones y que, a
diferencia de los sectores industriales contemplados en la
Directiva Europea de comercio de Emisiones y en los Planes
Nacionales de Asignación, carecen de un marco regulatorio
específico. Por ello proponemos que la Estrategia
contemple compromisos firmes de favorecer el avance hacia
instrumentos de regulación en los siguientes
ámbitos:

. Movilidad. El transporte es el sector que más ha
crecido en los últimos años, aumentando
descontroladamente las emisiones de GEI. Por ello se hace
necesario desarrollar una Ley de Movilidad,
como instrumento de regulación de la movilidad, que
debería elaborarse con la cooperación y el consenso
entre las administraciones de los distintos niveles (Estatal,
Autonómica y Local) de acuerdo a la distribución competencial en esta materia. En
este sentido, consideramos que el Consejo Nacional del Clima,
dada su composición que incluye representación de
las distintas administraciones, constituye un espacio adecuado
para promover una regulación por una movilidad sostenible
que cuente con el necesario respaldo político y social
para su eficaz cumplimiento. La regulación en materia de
Movilidad debería contener Directrices Nacionales de
Movilidad que condicionen la planificación
urbanística y sectorial, la obligación de poner en
marcha Planes Directores Autonómicos de Movilidad, Planes
de Movilidad Urbana o de ámbito comarcal o de área
metropolitana, crear la figura del coordinador de la movilidad en
las administraciones locales y la puesta en marcha de
órganos de participación ciudadana sobre transporte
urbano. Una ley de este tipo puede crear las condiciones para que
las administraciones competentes desarrollen políticas no
tanto en términos de infraestructuras como de
gestión del transporte. Esta ley debe establecer,
además, la obligatoriedad de poner en marcha Planes de
movilidad en las empresas a partir de un determinado
tamaño y acordados en el marco de la negociación colectiva.

. Energías Renovables: para que las energías
renovables continúen desarrollándose a buen ritmo y
España logre cumplir sus objetivos de producción
renovable en 2012 y compromisosposteriores, es imprescindible
proveer de un marco estable de seguridad para financiadores e
inversores. Sin embargo, estamos viviendo en los últimos
meses cambios continuos de la normativa que regula la
retribución de este tipo de energías
queestán provocando incertidumbres negativas. Es necesario
establecer por ley un marco estable que regule claramente y a
largo plazo cual será el papel de las renovables en el
sistema energético español, incluido su marco
retributivo.

. Uso de la Energía: Los sectores comercial y
residencial y los centros administrativos, públicos y
privados, son una importantísima y creciente fuente de
emisiones sin control alguno.
No existe ningún tipo de normativa que regule el
despilfarro de energía en estos sectores difusos y que
induzca la reducción del porcentaje de las emisiones de
GEI correspondiente a los mismos. El Código Técnico
de la Edificación es de obligado cumplimiento para las
condiciones térmicas de los edificios de nueva
construcción pero sus determinaciones no afectan a los ya
construidos, salvo en grandes rehabilitaciones. Por otra parte, a
falta de realizar un balance preciso del primer Plan para
implementar la E4, parece que sus resultados son demasiado
escasos y, en cualquier caso, este sólo ofrece
fundamentalmente ayudas económicas para incentivar la
renovación de instalaciones y equipos.

Para que las medidas que permitan conseguir una
reducción efectiva del despilfarro e ineficiencia
energética puedan llevarse a cabo no basta con
declaraciones de buena voluntad o invitaciones como las
contempladas en la propuesta de Estrategia, sino que se necesita
regular por ley una norma estatal básica que limite el
despilfarro en el uso de la energía e impulse su uso
racional y eficiente en los sectores comercial, residencial y de
servicios, para impulsar el ahorro y evitar la ineficiencia y el
derroche, ya que es en los sectores difusos en los que más
está aumentando el consumo abusivo. En unos casos se
trataría de evitar o limitar esos usos y en otros de
establecer porcentajes, períodos temporales o
tecnologías, especialmente en lo que se refiere a iluminación y climatización. Es
preciso establecer asimismo la obligación de que tanto
todas las Administraciones Públicas (estatal,
autonómica y local) así como las empresas a partir
de ciertos consumos por sector elaboren planes específicos
para sus edificios que permitan conocer y reducir sus emisiones.
Igualmente se deberían establecer por Ley determinadas
obligaciones básicas en relación con las compras y
contrataciones públicas. La Ley podría contemplar
también normas sobre los consumos energéticos y
emisiones de la maquinaria, equipamientos y
electrodomésticos consumidores de energía. La
recopilación de las experiencias normativas de otros
países de la Unión Europea sería muy
útil para orientar los contenidos de una Ley de estas
características.

2. Pero además de normas estatales es preciso una clara
determinación para modificar determinadas políticas
sectoriales que tienen gran incidencia en la emisión de
GEI.

Uno de los instrumentos que sería muy necesario
desarrollar es el uso de la fiscalidad, poniendo en marcha
reformas fiscales que favorezcan la reducción de
emisiones, particularmente en el transporte y la energía.
En este sentido, la Estrategia debe de aportar un desarrollo
más explicito sobre las distintas medidas o figuras
fiscales que prevé para facilitar el cumplimiento de sus
objetivos.

Por lo que se refiere a la política de transporte
deberían reorientarse las inversiones contempladas
actualmente en el PEIT, de manera que se potencie más los
modos de transporte menos contaminantes, tanto para viajeros como
para mercancías, como el ferrocarril y el marítimo
y, sobre todo, se actúe mejorando la intermodalidad y las
conexiones del transporte público, así como su
financiación.

Las medidas contempladas para el sector agrario también
carecen de instrumentos de implementación, que
deberían articularse en un plan específico para la
reducción del uso de fertilizantes nitrogenados y
productos fitosanitarios que vaya en paralelo a la
potenciación del uso de los abonos orgánicos, a
través de objetivos, medidas y ayudas públicas.

Fomento de las sinergias entre la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía
Limpia y las políticas de empleo

Consideramos que esta Estrategia debe contemplar instrumentos
que evalúen el impacto positivo y/o negativo de las
medidas que se aplicarán en las distintas áreas de
actuación, con objeto de facilitar la anticipación
en el tratamiento de los posibles efectos adversos para el empleo
así como el
conocimiento de la generación de nuevos puestos de
trabajo, complementando así el marco de trabajo de
diálogo
social vinculado al cumplimiento del P. de Kyoto. La información y la transparencia son
elementos claves para afianzar el consenso y el apoyo social a
las decisiones políticas en la aplicación de las
medidas que comporta esta Estrategia.

Plan de aplicación

La Estrategia debería mencionar los contenidos
básicos del primer Plan de aplicación, incluyendo
su calendario, prioridades de las principales medidas y planes
adicionales y financiación.

Proceso

Consideramos necesario que la propuesta de Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía
Limpia, con los cambios oportunos al borrador existente, sea
debatida y acordada en primer lugar en el Consejo Nacional del
Clima, buscando el máximo consenso tanto social como
institucional, dado el papel protagonista que todas las
Administraciones, estatal, autonómica y local,
tendrán en su ejecución. Una vez respaldada por el
CNC, debería presentarse en la Conferencia de
Presidentes. Por la envergadura de las medidas que debe
contemplar y el alcance temporal de la Estrategia es importante
buscar el compromiso de todos los partidos
políticos con la misma, por lo que también
debería llevarse al Parlamento.

12.
INVENTARIOS

Un instrumento clave son los inventarios de
emisiones, que siguen una metodología homogénea y cada vez
más depurada, y que cada año realiza el Ministerio
de Medio Ambiente. La metodología en parte está
descrita en el manual titulado
"Método
CORINE-AIRE para la
elaboración del inventario nacional de gases de efecto
invernadero y precursores de ozono" y en el manual Revised IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting
Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones
posteriores, tanto del Método CORINE-AIRE, como del
IPCC.

13.
REFERENCIAS

A. Internet

. http://unfccc.int/2860.php

. http://www.ipcc.ch

. http://www.climnet.org

. http://www.iisd.ca

. http://www.mma.es

. http://www.mma.es/oecc/index.htm

. http://www.aeeolica.org

.
http://www.mityc.es/Balances/Seccion/Publicaciones/PublicacionesBalances/

. http://www.cores.es/

. http://www.ree.es/apps/home.asp

. http://cdr.eionet.eu.int/es/eu

.
http://rod.eionet.eu.int/show.jsv?id=384&aid=592&mode=A

. http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm

. http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

. http://www.oficemen.com/eventos/inicio.php

. http://www.idae.es/

. http://www.mapa.es/

. http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/

. http://www.sostenibilidad-es.org

B. Libros y
artículos.

. Ministerio de Medio Ambiente. Inventario de emisiones de GEI
de España. Años 1990-2005. Madrid,
2007.

. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Revised
1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
Reporting Instructions, Volume 1, Glossary.

. FAO. State of the World"s Forests. Roma, varios
años.

. Ministerio de Medio Ambiente. Comunicaciones
Nacionales de España a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid,
diversos años.

. MOPTMA. Método CORINE-AIRE para la elaboración
del inventario nacional de gases de efecto invernadero y
precursores de ozono. Madrid, 1996.

. MOPTMA. Informe de España a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Madrid, 1994.

. MOPTMA. Programa Nacional
sobre el Clima. Madrid, 1994.

. IPCC, Climate Change 1995 (tres tomos que suman 1.898
páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of
Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission
Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. En 1995 se
publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate
Change. WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del
IPCC son: Scientific Assessment of Climate Change. WMO/UNEP.
Ginebra, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment,
Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The
Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge
University Press, 1992. El tercer y cuarto informe del IPCC se
puede consultarse en Internet.

. MIMAM. Estrategia Española para el cumplimiento del
Protocolo de Kioto. Madrid, 2002.

. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Planificación de los sectores de electricidad y gas
2002-2011. Revisión 2005-2011. Madrid, 2006.

. Ministerio de Economía. Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética 2004-2012. Madrid, 2003.

. IDAE. Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética 2004-2012. Madrid, 2005.

. IDAE. Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Madrid, 2005.

. IDEA. Eficiencia Energética y Energías
Renovables. Números 1 a 7. Madrid, diversos
años.

. Joaquín Nieto y José Santamarta.
Evolución de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
en España (1990-2004). CCOO, Madrid, 2005.

Joaquín Nieto es secretario confederal de Medio
Ambiente y Salud Laboral de CC.OO.
José Santamarta Flórez es director de la edición
española de la revista World
Watch.

Autor:

José Santamarta Flórez

Director de World Watch

URL: www.nodo50.org/worldwatch/ Joaquín
Nieto

Secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de
CC.OO